Militarización en Guayas: expertos advierten sobre límites de la Fuerza de Tarea Conjunta
El despliegue de 2.000 efectivos busca recuperar el control territorial, pero especialistas señalan la falta de indicadores claros y políticas complementarias para sostener la reducción de la violencia.
La estrategia de seguridad en Guayas vuelve a poner a prueba la militarización tras la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas en mayo de 2026. El Gobierno nacional ha desplegado alrededor de 2.000 efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas con el objetivo explícito de recuperar el control territorial en una provincia que concentra los mayores índices de violencia del país. Esta medida no es inédita; en agosto de 2022, tras el atentado con explosivos en Cristo del Consuelo, se implementó una fuerza conjunta similar que, aunque logró miles de operativos y decomisos, vio cómo la violencia regresaba al finalizar las medidas extraordinarias.
La complejidad del escenario actual radica en la evolución de las estructuras criminales. Carlos Paredes, experto en seguridad, señala que existen zonas donde el Estado ha perdido presencia efectiva y donde los grupos delictivos ejercen control territorial. Su análisis indica que la recuperación de estos espacios requiere intervenciones más allá de los operativos militares. Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad, coincide en que las acciones desplegadas hasta ahora no muestran la contundencia necesaria para generar cambios sostenibles, recordando el caso de Esmeraldas donde la reducción delictiva fue temporal ante la ausencia de políticas de desarrollo e institucionalización posteriores, más contexto en Autoridades exigen coordinación y límites claros en la lucha antidelictiva para Guayas.
Un punto crítico identificado por los especialistas es la falta de metas públicas e indicadores verificables para evaluar el desempeño de la Fuerza de Tarea Conjunta. Jean Paul Pinto, experto en seguridad y prospectiva, considera que la estrategia carece de parámetros claros para medir su efectividad y eficiencia, ya que el Gobierno no ha definido públicamente los objetivos específicos ni cómo se evaluarán los resultados. Esta ausencia de métricas dificulta determinar si los recursos invertidos están produciendo los efectos esperados, limitando la capacidad de transformar las condiciones sociales y económicas que favorecen el crecimiento de las organizaciones criminales.
